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Un éxito, Congreso de Derecho Administrativo

11 Septiembre 2018

La Universidad Santo Tomás Sede Principal celebró en Bogotá el Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Durante los día 3, 4, 5 de septiembre de 2018 en el aula Magna de la universidad se desarrolló una agenda programática en torno a tres temas: corrupción, constitucionalización del derecho administrativo y reparación.

Para Fr. Álvaro José Arango Restrepo O.P., Decano de la División de Ciencias Jurídicas y Políticas, el evento académico logró que los asistentes actualizaran sus conocimientos sobre derecho administrativo, y además, analizaran cuáles son los desafíos que deben enfrentar los profesionales en relación con el proceso de regulación de la administración pública colombiana.

En el acto de apertura, la Doctora Ileana Boada Harcker, Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derecho Público socializó la visión y los retos que afronta actualmente la materialización del derecho administrativo. Lo anterior les permitió a los asistentes comprender los instrumentos administrativos que se deben materializar para el acceso de los ciudadanos.

En las mesas temáticas se debatió sobre la corrupción y sus consecuencias en los procesos del Estado.

La Doctora Carolina Carrillo Saltaren, Directora Administrativa de la Cámara de Representantes, hizo énfasis en el mejoramiento de los procesos y las plataformas para el pleno desarrollo de los fines comerciales y contractuales de las entidades estatales, además aseguró que se debe enfocar y fomentar la docencia con el fin de evitar casos de corrupción.

En este escenario académico se conversó sobre los principios constitucionales como un fin para el derecho administrativo desde un desarrollo practico – teórico. En este tema se hizo énfasis en como la función pública debe adaptarse a los acuerdos internacionales firmados y aprobados por el Estado Colombiano.

El congreso fue escenario de debate sobre los grandes desafíos tecnológicos y la responsabilidad que se debe profesionalmente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con sus ciudadanos.

En la jornada de cierre se hizo referencia a al proceso de reparación a víctimas y la responsabilidad del Estado de reconocer y responder ante las violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos.

 

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